El asesor del presidente francés Macron, Philippe Aghion, ha vuelto a agitar el pensamiento económico europeo con su último libro, ‘El poder de la destrucción creativa’. En él sigue la terminología de Joseph Schumpeter, de la década de los ochenta, y sostiene que, al igual que otros grandes avances de la humanidad tuvieron lugar a raíz de innovaciones revolucionarias, la tecnología de ARNm y la conectividad total a través de internet están ahora revolucionando nuestra existencia hacia una nueva era de abundancia y esplendorosa mejora de la calidad de vida. Pero hasta los más optimistas, como Aghion, admiten que la transición a la nueva economía, en el mejor de los casos, vendrá acompañada de dolorosos espasmos en el mercado laboral.
La palabreja tiene su origen en los Países Bajos, en una nota firmada en 1995 por el entonces ministro holandés de Trabajo, Ad Mekert. Hoy viene a significar, simplificando hasta el extremo, mayor libertad de contratación y despido para las empresas en combinación con un subsidio de paro muy similar al salario y que se cobra en paralelo a la rápida capacitación para cualquier otro empleo con demanda en ese momento, aunque cada vez que el parado rechace una oferta de trabajo se le reduce el montante de la ayuda.
«Lo que necesitamos es un buen sistema educativo como el de Finlandia, un sistema de aprendices como el de Alemania y un sistema de flexiguridad como el de Dinamarca que liberalice el mercado laboral y al mismo tiempo amortigüe la destrucción creativa», resume Aghion. «A eso llamo yo capitalismo con rostro humano».
En Dinamarca, el concepto de flexiseguridad se mencionó oficialmente por primera vez en una publicación del Ministerio de Trabajo de 1999, que identificaba ya sus tres pilares: flexibilidad construida a base de pactos contractuales adaptables y fiables; alta protección social para los desempleados, y políticas de formación y reinserción laboral muy activas mediante estrategias integradas de aprendizaje a lo largo de la vida laboral, que aseguren la adaptabilidad continua de los trabajadores. Aunque en Dinamarca no está legislado el salario mínimo, en la práctica supera los 2.000 euros. Tienen además el salario medio más alto de la UE, 3.706 euros. Las empresas pueden despedir sin necesidad de pagar indemnización si avisan con tres meses de antelación, pero los subsidios de desempleo son generosos: un licenciado puede cobrar fácilmente unos 4.000 euros al mes y un no titulado unos 2.500. El Estado ofrece formación gratuita constante y asesoría personalizada que permiten que los parados daneses firmen un nuevo contrato en un tiempo promedio inferior a dos meses. Si no se presentan a un mínimo de dos puestos por semana, eso sí, pierden el paro.
Gracias a este sistema, la situación es técnicamente de pleno empleo y casi cualquier parado de larga duración del planeta preguntaría, a la vista de estas cifras, dónde hay que firmar para viajar a Dinamarca. Y eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo en las dos últimas décadas. La flexiseguridad y sus beneficios sociales atraen a una inmigración contra la que el sistema danés lucha ahora para garantizar su propia supervivencia. Es aquí donde empieza el lado oscuro de su paraíso laboral.
El pasado mes de junio, el Parlamento de Copenhague aprobó una ley que mantiene a los solicitantes de asilo en centros de acogida situados fuera de la UE, en países como Ruanda. Es el último movimiento para endurecer la entrada en el país de un gobierno que sigue considerando Damasco como «zona segura» y niega por ello el asilo a los refugiados sirios. La socialdemócrata Mette Frederiksen ha tejido una de las legislaciones europeas más restrictivas para los extranjeros, negando las ayudas sociales a los inmigrantes que no estén cotizando, estableciendo un porcentaje tope del 30 por ciento de habitantes extranjeros no occidentales en cada distrito y obligando a trabajos sociales a los foráneos dependientes de las ayudas y con dificultades de integración.
El gobierno socialdemócrata asume un lenguaje que, en casi cualquier otro país europeo, podría atribuirse a formaciones xenófobas. En un informe oficial del gobierno en el que anunciaba las nuevas medidas contra los ‘guetos’ de extranjeros, podía leerse: «Concentrar inmigrantes no occidentales en zonas residenciales específicas y en las escuelas y guarderías de sus alrededores impide la integración e incrementa el riesgo de que emerjan la delincuencia y las sociedades paralelas religiosas y culturales».
El gobierno danés también ha presentado nuevas medidas para forzar a más parados a incorporarse al mercado laboral, que incluyen hasta 37 horas semanales de trabajos sociales para conservar las ayudas de las que viven. Las clases de danés o las prácticas cuentan en el cómputo, pero también se contemplan trabajos como recoger colillas o limpiar las playas. Estas medidas están especialmente dirigidas a «desempleados con necesidades de integración» y afectan a unas 20.000 personas. Ha intensificado también su lucha contra el desempleo impidiendo que se concentre en barrios. Dinamarca elabora anualmente una lista de distritos con más de mil habitantes de los que más de la mitad son «de origen no occidental» y que cumplen con, al menos, dos de los siguientes criterios: más del 60 por ciento de las personas de entre 39 y 50 años no tienen título de educación superior; la tasa de criminalidad es tres veces mayor que el promedio nacional; ingresos brutos de los residentes más del 55 por ciento por debajo del promedio regional, o una elevada tasa de desempleo.
Actualmente, quince áreas están sujetas a este reglamento y 25 más se consideran «en peligro», según el Ministerio del Interior, agrupando en conjunto una población de unas 60.000 personas. Los distritos que llevan más de cinco años en esta lista negra son denominados popularmente «guetos duros». El hecho de figurar en la lista conlleva una mayor severidad con que son castigados los delitos y la obligación de escolarizar a los niños en guarderías cumplido el primer año, de forma que a las familias que se niegan les son canceladas las subvenciones y ayudas sociales del Estado.
Frederiksen, que presume de que solo 761 personas obtuvieron asilo en Dinamarca en 2019 y otras 600 en 2020, presenta esta política como defensa de los trabajadores daneses y de su sistema de bienestar. «Somos un país con un alto nivel de calidad de vida, un sólido sistema de bienestar, y no podemos seguir aumentando los impuestos», explica Claus Hjort Frederiksen, ex ministro en varias carteras del gabinete Rasmussen. «Durante años estuvimos aceptando personas que no tenían un nivel de educación que les permitiera encontrar trabajo en una sociedad de alta tecnología, de manera que en Dinamarca todavía hay personas provenientes de países pobres que llegaron hace décadas y solo el 50 por ciento de ellas trabaja».
Claus Hjort Frederiksen señala que «el Estado ha sido durante muchos años muy generoso con los inmigrantes sin trabajo pero es necesario limitar la entrada solamente a inmigrantes capacitados que beneficien a la economía». El politólogo de la Universidad de Copenhague Kasper Møller Hansen constata que la política migratoria de mano dura cuenta con un gran consenso social y político, dado que los daneses entienden que sus altos estándares sociales serían insostenibles en un contexto de inmigración regular. Al final, resulta que la flexiseguridad ya estaba medio inventada en el ancestral brindis gitano: «¡Comamos, bebamos y que no vengan más que los que estamos!».
El actual ministro danés de Trabajo, Peter Hummelgaard, se enfrenta además a otro problema que ha ido creciendo al calor de la flexiseguridad: la escasez de mano de obra cualificada. Porque la flexiseguridad puede incentivar a un licenciado, apremiado por la presión para aceptar un empleo, a convertirse provisionalmente en taxista, pero carece de los resortes necesarios para que un taxista opte a un puesto de ingeniero. Un sistema que garantiza el empleo, por otra parte, desmotiva a los jóvenes a invertir años de su vida en unos estudios más exigentes.
«Existe un amplio acuerdo en que la escasez de mano de obra cualificada es la mayor amenaza contra el repunte que estamos teniendo después de la pandemia», expone el director de la organización de empresarios Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Jacob Holbraad, que considera insuficientes los esfuerzos del gobierno por captar profesionales. Se refiere al nuevo acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las autoridades locales, que contiene mayores exigencias para los nuevos graduados y las personas que reciben seguro de desempleo (‘dagpenge’), al tiempo que establece nuevas ayudas a las empresas que contraten trabajadores cualificados procedentes de otros países de Europa.
El acuerdo prevé, por ejemplo, un «esfuerzo reforzado para contratar mano de obra europea cualificada a través de Workindenmark», una plataforma financiada con fondos públicos, que recibirá financiación adicional en 2022 y 2023. Además, los estudiantes universitarios extranjeros podrán comenzar a trabajar en puestos relacionados con su campo mientras esperan la tramitación de los permisos de residencia por parte de la Agencia Danesa de Contratación e Integración Internacional (SIRI), en una considerable flexibilización de las reglas actuales de permisos de trabajo.
Los sindicatos han respaldado estas medidas, aunque prefieren fomentar la capacitación de los daneses más descolgados del mercado laboral. Pero el hecho es que la captación de trabajadores cualificados europeos padece falta de continuidad. «En caso de embarazo, la mujer tiene derecho a cuatro semanas de baja antes del parto y catorce después, a lo que se suman las 32 semanas adicionales que padre y madre pueden compartir. Estas ventajas atraen a parejas jóvenes que, sin embargo, una vez han dado a luz a todos sus hijos, regresan a sus países u optan por climas más benignos».
En 2030 le faltarán a la economía danesa cien mil trabajadores cualificados, reconoce Mette Hørdum Larsen, del sindicato LO, que propone mejorar las habilidades digitales de los parados y la creación de hogares escolares, para jóvenes vulnerables, «donde tengan comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas, para que puedan concentrarse en el trabajo escolar en lugar de tener que estar en un hogar familiar estresante».
A pesar de su zona oscura, el experimento danés arroja cierta luz sobre el laberinto laboral al que Europa debe dar pronta respuesta. Los estudios realizados por la OCDE demuestran que los resultados socioeconómicos de esta política se caracterizan por tasas de empleo elevadas y menos pobreza, aunque en términos de presupuesto público el coste es muy alto, hasta el punto que la organización califica el sistema de insostenible si no se desarrolla de forma simétrica entre el sector público y el privado.
La OIT destaca por su parte que no hay una sola fórmula, sino que la combinación adecuada de flexibilidad y seguridad es única para cada país, dependiendo de la tradición de negociación colectiva y legal, de la fuerza y la experiencia de los interlocutores sociales, del desarrollo de las instituciones laborales y de la voluntad de asignar fondos para medidas políticas.
Publicado por Rosalia Sanches en ABC el 8/11/21
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